El registro de jornada como prueba de las horas extra
En un juicio por horas extra, la carga de probarlas corresponde en principio a la persona trabajadora, pero el juzgado debe tener en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria de cada parte (artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y quien está obligada a llevar el registro de jornada es la empresa. Si la empresa no lo tiene, su «no es cierto» pesa poco; si tiene un registro fiable, controla la prueba.
Veamos qué norma se aplica, cómo se reparte la prueba, qué hace sólido un registro, cómo se prueba cuando la empresa no registra, cuánto puede costar y qué plazos hay.
Qué normas se aplican en el juicio
El proceso laboral se rige por la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS), y en lo que esta no prevé se aplica como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil (disposición final cuarta de la LRJS). Por eso las reglas de la carga de la prueba que se usan en una reclamación de horas extra son las del artículo 217 de la LEC.
Quién debe probar las horas extra
La regla general es que quien reclama prueba los hechos en los que basa su pretensión (artículo 217.2 LEC). Si una persona dice que ha hecho 120 horas extra y no se las han pagado, en principio debe acreditar que las realizó: con testigos, mensajes, correos, registros de acceso o cualquier otro medio válido.
En la práctica, esa prueba es muy difícil sin un registro objetivo. Lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia C-55/18 (CCOO contra Deutsche Bank): sin un sistema de registro resulta extremadamente difícil, cuando no imposible, que la persona trabajadora haga valer sus derechos. Y antes lo había apuntado el Tribunal Supremo (sentencia 246/2017, de 23 de marzo), al señalar que convendría una reforma legal que «facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias». Esa reforma es el artículo 34.9 del Estatuto, en vigor desde mayo de 2019.
El efecto del artículo 217.7 de la LEC
El artículo 217.7 de la LEC establece que, al aplicar las reglas de la carga de la prueba, el tribunal «deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes». Y quien tiene la obligación legal de llevar un registro diario está en mejor posición para aportar los datos.
Dicho de forma sencilla: si la empresa estaba obligada a registrar y no lo hizo, le resulta difícil pedir que se aplique la regla general contra la persona trabajadora, y el juzgado puede dar más peso a su versión cuando hay indicios razonables. En los contratos a tiempo parcial la consecuencia es aún más directa: si no se cumple el registro del artículo 12.4.c del Estatuto, el contrato se presume celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario. Todo ello además de la multa que analizamos en sanciones por no registrar la jornada.
Qué hace sólido a un registro como prueba
No todo registro convence al tribunal. Los que suelen resultar más creíbles reúnen cuatro condiciones:
- Contemporáneo: se hizo en el momento, no semanas después.
- Individual: cada persona tiene el suyo, con horas distintas según el día real.
- Trazable: las correcciones constan con autor, fecha, valor anterior y motivo.
- Coherente con otros datos: nóminas, ausencias, turnos y visitas a clientes.
Aquí se nota la diferencia entre soportes. Una hoja de firmas con el mismo horario cada día y una firma al final del mes revela que se rellenó a posteriori y suele valorarse mal; lo explicamos en hoja de firmas y Excel. Un registro digital que guarda la hora del servidor (no la que alguien teclea), conserva el historial de cambios con su autor y bloquea cada mes con un cierre es mucho más difícil de cuestionar, porque la otra parte tendría que explicar cómo se alteró un dato que deja rastro.
Para aportarlo, el artículo 90.1 de la LRJS admite expresamente los medios de «archivo y reproducción de datos», siempre que se presenten en un soporte adecuado y con los medios necesarios para reproducirlos. Exporta el registro del periodo con su historial de cambios, no una tabla rehecha para el juicio. Y recuerda el límite del artículo 90.2: no se admite la prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales, así que la geolocalización o la videovigilancia solo valen si informaste a la plantilla como exige la LOPDGDD.
Cuando la empresa no registra: cómo se prueba
Sin registro, la persona trabajadora puede apoyarse en todo lo que deje huella de su horario: correos y mensajes enviados fuera de horario, accesos a sistemas o al edificio, partes de trabajo, declaraciones de compañeros como testigos, datos de geolocalización de vehículos o del móvil de empresa y visitas a clientes. El juzgado lo valora todo en conjunto.
Frente a esos indicios, la empresa que no tiene registro solo puede negar, y la facilidad probatoria juega en su contra. Si la empresa sí tiene un registro creíble y los demás medios no lo contradicen, la reclamación pierde fuerza; si el registro dice una cosa y los correos demuestran otra, el registro pierde credibilidad. Por eso es importante que el sistema refleje la realidad y que las instrucciones fuera de horario sean excepcionales y queden documentadas.
Un ejemplo con números
Partimos de la hora ordinaria de 14,16 € que calculamos en cómo calcular la hora ordinaria y la hora extra (25.200 € brutos anuales ÷ 1.780 horas de convenio). Una persona reclama 8 horas extra al mes durante 10 meses: 8 × 10 = 80 horas. Como las horas extra no pueden pagarse por debajo de la hora ordinaria (artículo 35.1 del Estatuto), aun en el escenario más favorable para la empresa la reclamación es de 80 × 14,16 = 1.132,80 euros.
Sobre esa cantidad, el juzgado puede añadir el interés por mora del 10 % de lo adeudado (artículo 29.3 del Estatuto), y las horas que se paguen cotizan a la Seguridad Social. Con 10 personas en la misma situación, el principal sube a 11.328 euros. En la instancia social no hay condena en costas como regla, pero el artículo 97.3 de la LRJS permite imponer una sanción pecuniaria a quien actúa con mala fe o temeridad, o cuando la sentencia coincide en lo esencial con lo que pedía la papeleta de conciliación; en ese caso, si la condenada es la empresa, paga también los honorarios del abogado o graduado social contrario hasta 600 euros. Y la Inspección puede sancionar aparte la falta de registro.
Plazos: un año y conciliación previa
Las reclamaciones de cantidad, incluidas las horas extra, prescriben al año desde el día en que la acción pudo ejercitarse (artículo 59.2 del Estatuto), lo que en la práctica se cuenta mes a mes desde cada pago. Antes de demandar es obligatorio intentar la conciliación previa (artículo 63 de la LRJS), presentando la papeleta ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de tu comunidad autónoma; esa presentación interrumpe la prescripción (artículo 65.1 de la LRJS). Cómo se reclama, cómo se calcula y qué hacer si la reclamación tiene razón lo explicamos en horas extra no pagadas: riesgos, reclamación y cotización.
Aunque solo se reclame el último año, la conservación del registro dura cuatro años y las infracciones administrativas prescriben a los tres, así que guarda todo el plazo, como vemos en conservación de registros durante cuatro años.
Errores de la empresa que debilitan su posición
Hay conductas que perjudican a la empresa aunque tenga registro: corregir fichajes sin avisar a la persona, aprobar horas extra de palabra y no anotarlas, o pedir que se fiche la salida y se siga trabajando. Un tribunal puede leerlas como falta de fiabilidad del registro entero.
La solución es una política clara: las horas extra se autorizan y se registran, se entrega el resumen de cada periodo de pago con la nómina (artículo 35.5 del Estatuto) y las correcciones quedan trazadas. Cuando llegue una papeleta, exporta el registro del periodo reclamado con su historial, contrástalo con las nóminas, los resúmenes de horas extra y los descansos compensados, y llévalo a tu abogado o a la asesoría con tiempo. Si la persona tiene razón en parte, un acuerdo en la conciliación evita intereses, sanciones y desgaste.
Cómo te ayuda PontoSimples cuando el registro es tu prueba
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